Política Europea de Vecindad (PEV)

La Comisión Europea comenzó en 2003 un proceso de revisión de sus políticas con relación a sus países vecinos, ofreciendo un nuevo marco de relaciones a los países fronterizos del Este de Europa y del Sur del Mediterráneo. En 2004, a raíz de la ampliación de la Unión Europea, se inicia esta política cuyos objetivos son: crear y consolidar un espacio de estabilidad, seguridad y prosperidad, pudiendo dar una respuesta conjunta a los desafíos comunes (migración, medio ambiente, salud, crimen, terrorismo…); evitar líneas divisorias o de fractura socio-económica; compartir las ventajas de la ampliación (de la Unión Europea) mediante fórmulas diferentes a la adhesión; e intensificar las relaciones a través de una cooperación política, de seguridad, económica y cultural más estrecha.

La PEV se desarrolla con los países inmediatos con fronteras terrestres o marítimas. En el continente europeo con Ucrania, Bielorrusia y Moldavia; en la región mediterránea con Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, la Autoridad Palestina, Siria y Túnez; y en el Cáucaso meridional con Armenia, Azerbaiyán y Georgia.

Siguiendo el mandato del artículo 8 del Tratado de la Unión Europea , se proponen “relaciones preferentes” basadas en un compromiso mutuo en favor de valores comunes, como la democracia y los derechos humanos, el estado de Derecho, la buena gobernanza, los principios de la economía de mercado y el desarrollo sostenible y socialmente inclusivo.

La PEV se basa en la existencia previa de acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y la mayoría de países vecinos (acuerdos de asociación mediterráneos con los vecinos meridionales y acuerdos de cooperación con los vecinos orientales). Dichos acuerdos bilaterales incluyen gran variedad de capítulos: diálogo político y seguridad, desarrollo económico, relaciones comerciales, movilidad de las personas, medio ambiente, integración de las redes de transporte y de energía o la cooperación cultural y científica.

Sobre ellos, la PEV aporta los llamados Planes de Acción que definen un programa de actividades conjuntas específicas con prioridades a medio y largo plazo y cuyo seguimiento es anual.