Criminalización de la protesta social

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Estrategia de represión política, implementada mediante la difamación, deslegitimación y judicialización para debilitar y romper el tejido social bajo argumentaciones relativas a la seguridad ciudadana. En la mayor parte de los casos, esta criminalización es ejecutada por el Estado, con el apoyo de otros agentes, a través de su marco legislativo e implementada por el poder judicial y las fuerzas de seguridad del Estado.

¿Cómo se desarrolla el proceso de criminalización? Se da en un contexto de negación o restricción de derechos, que normalmente afecta a la calidad de vida de los sectores más desfavorecidos y que acarrea un proceso de descomposición y ruptura social. Consecuencia de estas negaciones y restricciones, y con el ánimo de evidenciarlas y combatirlas, una parte de la sociedad se organiza y ejerce su derecho a la protesta social.

Bajo el pretexto de la inseguridad, los Estados, en lugar de asumir su responsabilidad como garantes de derechos, responden restringiendo nuevos derechos mediante reformas legislativas que limitan la libertad de expresión, de manifestación, de asociación y de acceso a la información, entre otros.

Con el argumento de promover una mayor seguridad ciudadana, el Estado justifica medidas represivas que van desde multas, detenciones arbitrarias y judicializaciones hasta graves violaciones de derechos humanos como la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y la desaparición forzada.

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En el estado español las personas migrantes han sido y son víctimas de criminalización. Por un lado, sufren un señalamiento permanente que repercute en el imaginario social y ‘permite’ legitimar la restricción de derechos, el racismo institucional y la violencia que se ejercer hacia ellas, especialmente en las fronteras del Estado y los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).
Por otro lado, las organizaciones y movimientos sociales de apoyo a las personas migrantes (formados tanto por personas inmigrantes como por personas autóctonas) sufren la criminalización de la protesta mediante medidas contra los colectivos más contestatarios y también mediante ordenanzas municipales y reformas legales que restringen la capacidad de maniobra de los mismos.

Bibliografía

  • Comité Cerezo (2008): Criminalización de la protesta social. México.

  • Martín Beristain, C. (2010): Manual sobre perspectiva psicosocial en la investigación de derechos humanos. Ed. Hegoa – Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, Bilbao.