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Según la legislación española en materia de asilo, el estatuto de persona refugiada o la protección subsidiaria serán revocadas cuando: a) concurra algún supuesto de exclusión de protección; b) la persona beneficiaria haya tergiversado u omitido hechos que fueron decisivos para la concesión de protección; c) la persona constituya, por razones fundadas, un peligro para la seguridad del Estado español, o que constituya una amenaza para la comunidad, habiendo sido condenada por sentencia firme por delito grave.
Ninguna revocación ni posible expulsión posterior podrá determinar el envío de una persona a un país en el que su vida o su libertad corran peligro, o esté expuesta a tortura o a tratos inhumanos o degradantes, o donde carezca de protección efectiva contra la devolución al país perseguidor o de riesgo.