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Fue adoptada en 1961 en el marco de Naciones Unidas para reducir la apatridia mediante un acuerdo internacional. Prevé la concesión de la nacionalidad a personas que de otro modo serían apátridas, cuando tengan un vínculo con el Estado por su nacimiento en el territorio o por filiación de un nacional. Con este instrumento, los Estados se comprometen también a no privar de su nacionalidad a ninguna persona o a ningún grupo de personas, por motivos raciales, étnicos, religiosos o políticos. El Estado español no la ha ratificado.