Acuerdo de Schengen

El Acuerdo de Schengen se firmó en 1985 con el objetivo de eliminar progresivamente las fronteras comunes de las partes contratantes y de establecer un régimen de libre circulación para las personas nacionales de los Estados signatarios (Alemania, Francia, Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos), y de los otros Estados de la entonces Comunidad Económica Europea (CEE) o de terceros países que posteriormente se fueran incorporando.

En años sucesivos nuevos Estados se incorporaron al acuerdo. Italia lo firma en 1990, España y Portugal en 1991, Grecia en 1992, Austria en 1995, Finlandia, Suecia y Dinamarca en 1996 –esta última con disposiciones especiales-, y la República Checa, Estonia, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia en 2007.

En 1995 entra en vigor el Convenio de Schengen, que define las condiciones y las garantías de aplicación del Acuerdo. A partir de entonces se suprimen los controles en las fronteras interiores entre los Estados signatarios y se crea una única frontera exterior donde se efectúan los controles de entrada en el Espacio Schengen, con arreglo a procedimientos idénticos. Se adoptan algunas normas comunes en materia de visados y derecho de asilo y se define el papel de las empresas transportistas en la “lucha contra la inmigración clandestina”, con el fin de permitir la libre circulación de personas en los países signatarios “sin perturbar el orden público”. Se crean, además, lo que se han llamado medidas “compensatorias”, que tratan de mejorar la cooperación y la coordinación entre policía y autoridades judiciales con el objetivo de conciliar libertad y seguridad en el interior de los Estados miembros; en particular, en la lucha contra la delincuencia organizada. Se crea también el Sistema de Información Schengen (SIS).

Irlanda y el Reino Unido participan sólo en parte ya que, entre otras salvedades, mantienen los controles en sus fronteras. En el caso de Bulgaria, Chipre y Rumanía, para que se puedan eliminar los controles en sus fronteras, sigue siendo necesaria una decisión del Consejo de la Unión Europea.

Desde 1999, fecha de la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam, el Acuerdo de Schengen está integrado en el marco institucional y jurídico de la Unión Europea en un protocolo anexo al mismo.