Menores solicitantes de asilo y refugiadas/os

Al término de 2012, había 45,2 millones de personas desplazadas forzosamente en el mundo a consecuencia de la persecución, los conflictos, la violencia generalizada y las violaciones de derechos humanos. Se estima que el 46% de esta población está compuesta por menores de 18 años.

En 2012, alrededor de 21.300 solicitudes de asilo fueron presentadas por menores no acompañados o separados en 72 países, en su mayoría procedentes de Afganistán y Somalia. Fue la cifra más elevada que se registra desde que el ACNUR empezó a recabar esta información en 2006.

Existen múltiples causas que pueden impulsar a las y los menores a salir a de sus países, tales como pobreza, catástrofes naturales, desestructuración familiar, conflictos, violencia generalizada… Uno de los motivos de huida es el miedo: miedo a la persecución, miedo a sufrir las consecuencias de un conflicto armado o graves disturbios en su país de origen, miedo a sufrir situaciones que impliquen violaciones de derechos humanos específicamente dirigidas a menores, miedo a sufrir malos tratos, entre otros.

Estos y estas menores podrían necesitar una protección especial además de la prevista en la ‘Convención sobre los Derechos del Niño’, y por tanto, ser refugiadas de acuerdo con la Convención de Ginebra de 1951.
Un menor homosexual, una niña a la que su familia pretende forzar a contraer matrimonio, un menor que pertenece a una familia de periodistas en Colombia que está siendo perseguida. Cualquiera de estas situaciones podría ser sufrida tanto por menores como por adultos.

Las y los menores pueden ser considerados en sí mismos, en el marco del asilo, como un grupo social determinado, susceptible de sufrir violaciones de derechos humanos que les afectan de forma específica y que entrañan una persecución debido a su especial vulnerabilidad y como consecuencia de su menor grado de tolerancia a las amenazas o daños.

Pueden igualmente ser víctimas de otras formas de persecución que, si bien pueden ser sufridas en ocasiones por adultos, resultan especialmente graves y frecuentes en los casos de menores. Reclutamiento forzado de menores para grupos armados o para el ejército, violencia intrafamiliar y comunitaria, infanticidio, matrimonio forzado de menores, mutilación genital, trabajos forzados, prostitución forzada, pornografía infantil, tráfico de menores, y un largo etcétera.
En el caso de menores no acompañados solicitantes de asilo, es primordial señalar que debido a la situación de especial vulnerabilidad en la que se encuentran, tienen derecho tanto a la protección del asilo como a aquella dirigida a la protección de los derechos de la infancia, desarrollada en la legislación nacional, regional e internacional.

La legislación española de asilo no prevé un procedimiento diferenciado para la tramitación de las solicitudes de menores no acompañados, por lo que, en principio, están sometidos al mismo procedimiento que las y los adultos. Esta actuación contraviene la obligación que tienen los Estados de respetar en todo momento los derechos de los menores de acuerdo con la legislación internacional y en consonancia con las recomendaciones y Directrices de los organismos internacionales que trabajan en la materia. Entre estas se cuenta con las Directrices del ACNUR de 1994 sobre protección y cuidado a los niños refugiados, la Declaración de Buenas Prácticas del Programa conjunto ACNUR-Save the Children para Niños no Acompañados en Europa, y las recomendaciones del Consejo de Europa.

Las y los menores no acompañados solicitantes de protección internacional serán remitidos a los servicios competentes en materia de protección de menores y el hecho se pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal. En atención a la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran, la práctica en el Estado español es que su solicitud se admitirá a trámite, de forma que en ningún caso, podrá ser inadmitida en la primera fase del procedimiento. Así mismo, dichas solicitudes tienen prioridad frente a las de los adultos.