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Cabe resaltar no sólo la intervención del Estado en propiciar la violencia al estar en connivencia con los perpetradores que la inflingen, sino también en su poca voluntad para afrontarla y el rol que tiene en perpetuarla a través de las estructuras patriarcales que sostiene. En este sentido, el feminicidio es un crimen de Estado porque sucede debido a la incapacidad de sus instituciones y de la sociedad de asegurar la vida y los derechos humanos de las mujeres. Un ejemplo clave del reconocimiento de la responsabilidad de los Estados a este respecto es el caso de México, la cual fue reconocida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2009, respecto a los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez (Badilla, 2008).