Ley de Extranjería

La “Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social”, también conocida como Ley de Extranjería, regula el régimen jurídico de las personas extranjeras en el estado español y su integración social. Esta Ley que en su aprobación fue calificada como una de las más progresistas de Europa, ha sido reformada en cuatro ocasiones desde su aprobación por las Leyes Orgánicas 8/2000, de 22 de diciembre,
11/2003, de 29 de septiembre, 14/2003, de 20 de noviembre y 2/2009 de 11 de diciembre.

De todas las reformas, la más gravosa se produjo a los pocos meses de su entrada en vigor a través de la citada Ley Orgánica 8/2000, que dio lugar a la interposición de nueve recursos de inconstitucionalidad resueltos entre otras, en sentencias 236/2007, de 7 de noviembre, y 259/2007, de 19 de diciembre, las cuales declararon inconstitucional la limitación del ejercicio de los derechos de reunión, sindicación, asociación y huelga a las personas extranjeras que residieran legalmente en el estado, por tratarse de derechos cuyo contenido esencial debe respetarse ya que está directamente vinculado a la dignidad humana.

Esta jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la necesidad de incorporar a nuestro ordenamiento jurídico  numerosas Directivas europeas y la necesidad de hacer frente a la nueva realidad migratoria en España, fueron los motivos que dieron lugar a la última reforma del año 2009 que por primera vez regula los conceptos `integración` y `política inmigratoria`.

Posteriormente, se han incorporado modificaciones al articulado a través de la Ley Orgánica 10/2011, de 27 de julio (BOE núm. 180, de 28 de julio), el Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril (BOE núm. 98, de 24 de abril), la Sentencia 17/2013, de 31 de enero, del Tribunal Constitucional (BOE núm. 49, de 26 de febrero), y la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de (BOE núm. 155, de 29 de junio).