Militarización

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Alude a la utilización de estrategias de control y uso de armamentos propios del ámbito militar en otros ámbitos. Este término se utiliza en alusión al empleo de mecanismos para el control de las fronteras y para la protección de los intereses de las empresas transnacionales. La militarización no solo se plasma en la presencia del ejército, sino que también se constituye a partir de leyes que la justifican.

La militarización de las fronteras consiste, en el caso español, en un aumento exponencial de las medidas de control y blindaje que se lleva a cabo en el marco de la Agencia Europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión (FRONTEX); mediante acuerdos con otros países realizando operaciones conjuntas o facilitando medios económicos, personal y dotación militar y policial, que a veces forman parte de los acuerdos de cooperación para el desarrollo; y a través del despliegue del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE).

En cuanto a la protección de los intereses de las empresas transnacionales, la militarización consistiría, como explica el investigador colombiano Alejandro Pulido, en el uso del control militar, por parte del ejército o de la policía, de un territorio clave para los intereses estratégicos que posee la multinacional, ya sean recursos naturales como el agua, ya sean infraestructuras, como carreteras, gaseoductos, etc. Estos contingentes militares llegan, en ocasiones, desde los países de procedencia de las multinacionales para asegurarse la explotación de recursos de terceros países sin impedimentos.

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La militarización de las fronteras tiene, entre otras consecuencias: el aumento de rutas migratorias cada vez más peligrosas; el incremento de la vulnerabilidad ante las redes de trata de seres humanos, especialmente para las mujeres; la muerte y desaparición de muchísimas personas y la progresiva desaparición del derecho de asilo, como puede leerse en el análisis que acompaña al término externalización de fronteras.

En la lógica que rige la política del capitalismo neoliberal, los gobiernos identifican el interés de las empresas transnacionales como el interés público, justificando así el uso de las fuerzas de seguridad del Estado para ‘proteger’ las instalaciones e intereses de las empresas y reprimir la oposición social frente a ellas, a través de la represión política y la criminalización de líderes y lideresas.
La militarización de los territorios suele ir acompañada de una estrategia psicosocial, la socialización bélica, mediante la cual se promueven imaginarios colectivos en la población que justifican el uso de la violencia y la criminalización desde lógicas militares de guerra.
La ocupación de Irak es un ejemplo conocido, pero es una práctica común en otras regiones, que pasa muy desapercibida para los países en que se encuentran las empresas matrices.
A la actividad militar habría que sumar la actividad del paramilitarismo que en países como Colombia, Guatemala y México actúa en connivencia con el Estado, reprimiendo violentamente la resistencia a las multinacionales o allanando el terreno para su entrada.
Aunque muchas inversiones ocasionen la degradación del territorio, el desplazamiento forzado de la población, la destrucción de la economía local y la vulneración de los derechos sociales y culturales, el control militar reprime la oposición mediante mecanismos de violencia que en los peores casos llegan al asesinato o la desaparición forzada. En Colombia muchos de estas muertes y desapariciones se justifican criminalizando a las y los líderes sociales como guerrilleros.

Bibliografía

  • Pulido, A. (2012): ‘Militarización’, en Diccionario Crítico de empresas transnacionales. Claves para enfrentar el poder de las grandes corporaciones. Paz con Dignidad. Colección Antrazyt, Icaria, Barcelona.

  • Martín-Baró, I. (2000): Psicología social de la guerra. Tercera edición, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. UCA Editores. San Salvador.