Externalización de fronteras
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La externalización de fronteras es un fenómeno que se caracteriza por una arquitectura de políticas complementarias entre sí que tienen como objetivo desplazar la gestión de las fronteras exteriores europeas hacia el Sur, evitando la llegada de personas refugiadas e inmigrantes.
Busca frenar la inmigración irregular a través de la subcontratación del control migratorio a terceros países, creando una zona de freno previa y adquiriendo presencia en lugares estratégicos, ya sea por cuestiones de geopolítica o por intereses económicos.
Algunas de estas políticas, son: a) Imposición de visados: supone el primer impedimento para las personas refugiadas. Para entrar en el Estado español se exige visado a las personas provenientes de 134 Estados y territorios, entre los que se encuentran todos los de África, un total de 53. Estos datos, junto con la eliminación, en la Ley de Asilo, de la posibilidad de solicitar asilo por vía diplomática, reducen todavía más los recursos de los que las personas disponen para acceder a la protección internacional; b) Militarización de fronteras y reforzamiento de la Agencia Europea de Fronteras Exteriores (FRONTEX); c) Firma de acuerdos de readmisión; d) Centros de detención en terceros países (Centro de Detención de Nouadhibou); e) Impermeabilización de las fronteras europeas (muros y vallas, dispositivos de control, obstáculos a la petición del asilo, etc); f) Privatización del control migratorio mediante la imposición a las empresas de transporte de obligaciones de control de documentación de los y las pasajeras, con multas ante su incumplimiento.
Desde hace unos años la externalización de fronteras viene desarrollándose en Europa, y en el estado español, a través de un amplio dispositivo militar y policial que prioriza las políticas securitarias y la obsesión por el control de los flujos migratorios sobre el respeto a los derechos humanos de las personas refugiadas e inmigrantes. Este continuo y creciente endurecimiento de las políticas migratorias y de asilo, que ha convertido la huida en una nueva forma de violencia, tiene graves consecuencias en el ejercicio y disfrute de los derechos humanos de las personas refugiadas e inmigrantes y supone un incumplimiento de los convenios y tratados internacionales suscritos. Especialmente afectados resultan los artículos 13 y 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 que establecen el derecho de toda persona a la libre circulación y el derecho, en caso de persecución, a solicitar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país.Las medidas de control de fronteras, independientemente de dónde se lleven a cabo, constituyen un ejercicio de jurisdicción estatal que no exime de cumplir los tratados internacionales de derechos humanos y que obliga a garantizarlos. En este sentido, el Gobierno español tiene la obligación de cumplir el principio de no devolución en cualquier lugar y en cualquier momento en que ejerza su jurisdicción.Debido a esta presión ejercida por el Estado español y el conjunto de la Unión Europea, las personas refugiadas e inmigrantes realizan rutas cada vez más largas y peligrosas.En 2011 las revueltas árabes del Norte de África ejemplificaron esta realidad. Desde el inicio de los conflictos, y paralelamente al reconocimiento público de la valentía de las personas que tomaron la calle para derrocar a sus gobernantes -hasta entonces, grandes aliados de Occidente-, los esfuerzos se centraron en impedir la llegada de las personas que huían en busca de protección internacional. Se intensificó la vigilancia de las fronteras exteriores a través del refuerzo del FRONTEX y, por primera vez, se reformuló el Acuerdo de Schengen, aumentando los controles interiores. En consecuencia, ese año, más de 1.500 personas perdieron la vida o desaparecieron en el Mediterráneo, el más mortífero desde que se comenzaran a registrar cifras.El periodista italiano Gabriele Del Grande ha contabilizado la muerte de 19.507 personas entre 1988 y el fin de 2013, en su intento por alcanzar Europa. De ellas, al menos 2.352 murieron en el año 2011, 590 en el año 2012 y 801 en el año 2013.El continuo y creciente endurecimiento de las leyes y políticas europeas de migración y asilo ha jugado también su papel a favor de la consolidación de las redes de trata de personas, cada vez más profesionalizadas y mejor organizadas. La trata con fines de explotación sexual se ha convertido en la principal causa alegada en las solicitudes de asilo por motivos de género que cada año se presentan en el estado español, uno de los principales países de destino y de tránsito de las redes de trata según la Organización de Naciones Unidas (ONU). Sin embargo, el Gobierno español se niega a considerar la trata como causa de asilo, dejando desprotegidas a las víctimas y en grave riesgo de ser devueltas a sus países de origen.
Bibliografía
- CEAR-Euskadi (2010): Desplazamientos forzados: los Derechos Humanos desde la perspectiva del Derecho de Asilo. Reivindicaciones y propuestas de cambio. Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi, Bilbao.
- Migreurop (2013): Boletín nº 2, abril de 2013.