Frontera Sur
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En el marco del derecho de asilo se entiende por frontera el límite internacionalmente recocido que determina el territorio de un Estado. En Europa se utiliza la expresión ‘Frontera Sur’ para hacer referencia a la parte meridional del perímetro de la Unión Europea.
Los Estados firmantes de la Convención de Ginebra de 1951 adquieren el compromiso de velar porque las personas que llegan a sus fronteras huyendo de una persecución puedan acceder al procedimiento de asilo garantizando, además, el principio de no devolución.
Si bien históricamente las personas refugiadas han llegado al estado español por otras vías, esta región es de especial relevancia respecto a la crisis del derecho de asilo y a la atención mediática de la que es objeto desde hace una década.
Las políticas europeas y españolas de externalización de fronteras, a través del despliegue de desproporcionados instrumentos de control migratorio en esta zona, imponen graves restricciones de acceso al sistema de asilo.
Un ejemplo significativo es la situación que viven las personas solicitantes de asilo en los CETI de Ceuta y Melilla. Con la entrada en vigor de la Ley de Asilo (12/2009), se restringió el acceso a la Península de las personas con solicitudes de asilo admitidas a trámite. Esta restricción a la movilidad, que no está avalada por ninguna ley, ha motivado un drástico descenso de las solicitudes de asilo además de una renuncia a las ya presentadas, pues muchas personas ven este trámite como un obstáculo para su salida de ambas ciudades.
El Defensor del Pueblo, en su informe anual a las Cortes Generales del año 2013, considera que la práctica desaparición de las solicitudes de protección internacional en estas ciudades se debe a la interpretación que la Secretaría de Estado de Seguridad realiza de la Ley de Asilo y ha emitido diversas recomendaciones –la última de marzo de 2013- para permitir la entrada a la Península de estas personas. Las recomendaciones están motivadas por la situación observada y por las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que ha señalado que “en los casos en los que la solicitud de asilo ha sido admitida a trámite (…), esa libertad de circulación estará condicionada a que el o la solicitante comunique a la Administración su cambio de domicilio”. Además, advierte de que una interpretación distinta es “contraria a los principios constitucionales y a la jurisprudencia constitucional relativa a las interpretaciones restrictivas de derechos fundamentales”.
La respuesta de la Policía Nacional muestra la prioridad del control de fronteras frente a la protección de los derechos fundamentales. El informe recoge que “la recomendación ha sido rechazada ya que, a juicio de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, la restricción tiene amparo legal en el punto III del Acta Final del Instrumento de Ratificación del Acuerdo de Adhesión del Reino de España al Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen”.
Esta práctica se da incluso con personas procedentes de países respecto a los cuales el ACNUR, en 2013,ha realizado llamamientos para su no devolución, como es el caso de Mali y Siria. El 29 de agosto de 2013, en su visita al CETI de Melilla, la Defensoría comprobó que ninguna de las 202 personas procedentes de Mali había solicitado protección internacional y tan solo lo habían hecho 2 de las 13 personas procedentes de Siria.
Durante la última década, las televisiones nos han presentado cayucos atestados de personas y ‘masivos asaltos’ a la valla. Estas imágenes, presentadas, como dice Santiago Alba Rico, con “el máximo sentimentalismo y la máxima indiferencia”, van siempre acompañadas de discursos políticos que claman por la necesidad de introducir medidas que disminuyan la ‘presión migratoria’ en la Frontera Sur, cuando no se habla sencillamente de ‘invasión’.En octubre de 2013, Jorge Fernández Díez, Ministro de Interior, reintrodujo las cuchillas en la valla de Melilla. Las conocidas como ‘concertinas’ son una vuelta atrás en las políticas de control migratorio. En 2005, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero incorporó las cuchillas como respuesta a la ‘presión migratoria’ sobre Ceuta y Melilla. Las denuncias de ONG españolas e internacionales por los profundos cortes que provocaban en las personas inmigrantes lograron su retirada en 2007.El pasado 6 de febrero de 2014 quince personas murieron en la Playa de El Tarajal cuando intentaban acceder a nado a la costa ceutí. Los disparos de material antidisturbios por parte de la Guardia Civil a las personas que se encontraban en el agua desencadenaron la tragedia. Durante días, el Ministro del Interior Jorge Fernández Díez, el director de la Guardia Civil Arsenio Fernández de Mesa y el Delegado del Gobierno en Ceuta Francisco Antonio González mintieron a la ciudadanía y negaron los disparos de pelotas de goma al mar. Gracias a las imágenes grabadas por testigos y a las declaraciones de otros compañeros que sobrevivieron a la tragedia, se ha conocido la verdad.Siguiendo la argumentación de las autoras del libro ¿Qué hacemos con las fronteras?, “lo que se muestra –y lo que no se muestra- de la frontera no es casual ni arbitrario”. “La construcción simbólica de un potencial peligro que viene del sur ha ejercido como potente medio de legitimación de la política africana de España. Una porción de esta es política migratoria”. Otra, bajo el pretexto de la lucha contra la inmigración clandestina, es política inversionista. El conocido como Plan África es uno de sus mayores exponentes.La externalización y militarización de la Frontera Sur está impidiendo la llegada de personas refugiadas e inmigrantes al estado español, a Europa. Miles de personas mueren o desaparecen. Reconstruir las trayectorias íntegras de las personas refugiadas es también recuperar la historia de sus desaparecidos, en origen y en tránsito.
Bibliografía
- VV.AA. (2013): ¿Qué hacemos para conectar la crítica a la movilidad en el capitalismo con la lucha contra las políticas migratorias y las fronteras? AKAL, Madrid.
- Defensor del Pueblo (2013): Informe anual a las Cortes Generales.