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El feminicidio es un conjunto de violencias dirigidas específicamente a la eliminación de las mujeres por su condición de mujeres y de aquellas personas que tengan características identificadas como femeninas. Busca su exterminio material y simbólico y el control de su movilidad y de su conducta en las esferas pública y privada. Con frecuencia, la violencia feminicida es perpetrada por medios sexuales, sin embargo, no son crímenes con un móvil sexual. Busca mostrar públicamente este poder mandando un mensaje a la sociedad: la dominación masculina sobre los cuerpos femeninos y sobre los feminizados.
El feminicidio es un concepto político construido y visibilizado colectivamente por un gran número de organizaciones de mujeres de América Latina y por el feminismo. Es utilizado para denunciar la violencia contra las mujeres y la impunidad con la que se perpetúa.
Igualmente, existen consecuencias para aquellas personas que trabajan por esclarecer o denunciar públicamente los crímenes cometidos. Esta última forma de femicidio es especialmente relevante en el caso del derecho de asilo, puesto que se convierte en una forma de persecución por motivos de género. Así encontramos:
Se distinguen varios tipos de feminicidio. Un mismo asesinato puede deberse a uno o más de estos supuestos:
Por otro lado, tenemos que dependiendo del tipo de agresión y la relación del perpetrador con la víctima, el agente de persecución toma una naturaleza distinta. Así tenemos:
Cabe resaltar no sólo la intervención del Estado en propiciar la violencia al estar en connivencia con los perpetradores que la inflingen, sino también en su poca voluntad para afrontarla y el rol que tiene en perpetuarla a través de las estructuras patriarcales que sostiene. En este sentido, el feminicidio es un crimen de Estado porque sucede debido a la incapacidad de sus instituciones y de la sociedad de asegurar la vida y los derechos humanos de las mujeres. Un ejemplo clave del reconocimiento de la responsabilidad de los Estados a este respecto es el caso de México, la cual fue reconocida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2009, respecto a los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez (Badilla, 2008).