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Las empresas transnacionales recurren a este principio para defender sus intereses ante la posibilidad de cambio políticos que puedan introducir mayor control sobre sus actividades. “Se oculta, de este modo, que la verdadera seguridad jurídica tendría que ser la que sitúe el Derecho Internacional de los Derechos Humanos por encima de la Lex Mercatoria.”