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La Convención de Ginebra de 1951 tiene por objeto proteger a las víctimas de la persecución con independencia de que el agente perseguidor sea o no estatal. Sin embargo, históricamente (y aún hoy) los Estados han hecho una interpretación restrictiva. Han puesto trabas a la protección de las personas refugiadas al reconocer la persecución estatal, discriminando la perpetrada bajo su pasividad, tolerancia o incapacidad de protección, donde se engloban la mayor parte de las formas de persecución por motivos de género, por orientación sexual e identidad de género.
Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria.