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La vigente Ley de Asilo, aprobada en 2009, supuso una devaluación del papel del ACNUR en la frontera. La anterior legislación permitía que una persona, cuya solicitud había sido inadmitida a trámite en un puesto fronterizo, entrara en el estado español cuando el ACNUR emitía un informe favorable al reexamen de su solicitud y se presentaba un recurso contencioso administrativo. La nueva Ley elimina esta posibilidad de suspender la devolución de una persona inadmitida a trámite.