Lex Mercatoria

En mayo de 2013 una fábrica de textiles de Bangladesh se derrumbó causando la muerte a más de mil personas. Esta fábrica elaboraba textiles para varias multinacionales como Mango y El Corte Inglés, que solo tienen que responder por estos hechos ante la legislación nacional del país asiático. Los directivos de estas empresas españolas no tienen que dar cuenta del beneficio que obtienen, ni de si conocían las condiciones en las que se desarrollaba el trabajo, y no tienen responsabilidad civil ni penal.

El OMAL viene denunciando e incidiendo en la asimetría normativa que se da entre la Lex Mercatoria (Derecho Comercial Global), denomina por Juan Hernández Zubizarreta como un “derecho duro, coercitivo e imperativo”, y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Ni las legislaciones de los países receptores que rigen las obligaciones de las empresas trasnacionales, ni los mecanismos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos son suficientes para someter a Derecho todas las prácticas de las empresas transnacionales que atentan contra los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales.

Las empresas deben asumir obligaciones extraterritoriales y su actividad debe quedar fiscalizada con los mismos estándares que cumplen en los países en que se encuentra la empresa matriz, como es el caso del Estado español.