Directiva de retorno

La privación de libertad de personas que no han cometido ningún delito constituye una grave violación de los derechos a la libertad y a la libre circulación. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), establece, en su artículo 9.1 que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales y que nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. El Comité de Derechos Humanos ha afirmado que el disfrute de los derechos contenidos en el Pacto no se limita a la ciudadanía de los Estados Parte, sino que debe extenderse a todas las personas independientemente de su nacionalidad o situación de apatridia, a las personas solicitantes de asilo, refugiadas, migrantes y otras que puedan encontrarse en el territorio o estar sometidas a la jurisdicción del Estado Parte.

Migreurop ha señalado que la Directiva de Retorno, también conocida como “Directiva de la Vergüenza”, es una muestra de la “banalización” del recurso a la detención como modo de gestión de las migraciones. Entre las cuestiones más graves, abre la posibilidad de encerrar y expulsar a personas vulnerables como menores, utilizar prisiones para encerrar a personas extranjeras en trámite de expulsión, decretar prohibiciones de entrada en territorio de la Unión Europea por un periodo de cinco años y fijar en 18 meses la duración máxima de la detención. Además, limita el derecho de control de la sociedad civil estableciendo que el acceso de las ONG a los centros de internamiento puede “estar sometida a autorización”.

Migreurop, a través de visitas a los centros, ha confirmado cómo la Directiva ha armonizado a la baja las legislaciones europeas: la detención administrativa se asemeja al sistema carcelario y da lugar a numerosas violaciones de derechos fundamentales, como en el caso del acceso a la sanidad, a la asistencia jurídica o al derecho de asilo.

El internamiento es, sobre todo, una herramienta de comunicación política. No disuade a las personas que huyen de sus países buscando un lugar seguro en Europa pero sí generan una sensación de ‘seguridad’ entre la opinión pública presentando a las personas refugiadas e inmigrantes como ‘enemigos’, alimentado así el racismo y la xenofobia en el “espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras” que constituye la Unión Europea.