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Al igual que ocurrió en 1994, con la incorporación del proceso de inadmisión a trámite, cambio que produjo un aumento de los prejuicios en la defensa de los derechos humanos de las personas refugiadas, en 2009, con la aprobación de la nueva legislación sobre asilo se perdió una oportunidad única para avanzar en la protección de las personas refugiadas ya que se produce un aumento de los obstáculos en el acceso al procedimiento de asilo en el estado español y una disminución de las garantías procedimentales.