FRONTEX

Estas operaciones se realizan, en muchas ocasiones, de manera ‘clandestina’. La información sobre los vuelos es muy opaca y, en general, no se sabe qué ocurre con las personas una vez suben al avión. Gracias a las informaciones recibidas de las propias personas expulsadas, conocemos que muchas sufren humillaciones, agresiones verbales, golpes y palizas. Se utilizan cadenas y esposas para piernas y manos e incluso existen casos de utilización de mordazas en la boca y de sprays para impedir a las personas gritar.

En su obsesión por reforzar y blindar sus fronteras exteriores, la Unión Europea utiliza métodos cada vez más violentos y tecnologías cada vez más costosas. En 5 años FRONTEX ha multiplicado su presupuesto por quince. La “lucha contra la inmigración clandestina” se ha convertido en un lucrativo negocio para empresas armamentísticas y de seguridad y está permanentemente por encima del respeto a los derechos humanos de las personas refugiadas e inmigrantes.

Las deportaciones desde el estado español han sido una práctica habitual en los sucesivos gobiernos. El Ministerio del Interior, en su balance de la ‘lucha’ contra la inmigración irregular, habla de 11.367 deportaciones anuales entre 2008 y 2012.

En los meses en que se redacta este Diccionario, se han producido vuelos de deportación desde el estado español a Senegal, Nigeria, Ecuador y Colombia. Para llenar los vuelos, las personas son llevadas por la fuerza a Barajas desde los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), las cárceles o los calabozos de las comisarías y en los días previos a su salida, se incrementan las redadas en busca de las nacionalidades que van a ser expulsadas. Los gobiernos de los países de origen dan el visto bueno a los vuelos y completan la documentación de las personas ‘deportables’.

Como ha denunciado la Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros, el Ministerio de Interior adjudicó a las compañías Air Europa y Swiftair este servicio por un valor 11.880.000 euros, para un periodo de dos años. La contratación del servicio se publicó en el BOE en marzo de 2013.