Persecución por motivos de género

La actual Ley de Asilo recoge la persecución por motivos “de género u orientación sexual”, como causa de asilo. Este reconocimiento formal supone una evolución con respecto a la legislación anterior. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con las otras causas de persecución -la raza, la religión, la nacionalidad, el grupo social y las opiniones políticas-, expresa que el ‘género’ y la ‘orientación sexual’ no pueden dar origen a una persecución por si solos, sino que dependerá de las “circunstancias imperantes en el país de origen”. Para que una persona sea reconocida como refugiada tiene que haber sufrido un temor fundado y probarlo, deben existir circunstancias en su entorno que justifiquen la huida. Sin embargo, estos hechos, no tienen por qué ser las “circunstancias imperantes en el país de origen”.

Preocupa la exclusión de los ciudadanos y ciudadanas comunitarias del derecho a solicitar asilo en España. Esta restricción tiene un impacto especial en las mujeres y la población LGTTBI, que sufren persecución en países miembros de la Unión Europea.

A partir de 2009, desaparece también la posibilidad de solicitar asilo en Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares españolas. Esta vía sólo apenas tenía incidencia práctica, pero era una herramienta importante de acceso a la protección. Para las mujeres y las personas LGTTBI la vulnerabilidad y discriminación en el tránsito hacia un país seguro es muy alta.

No se pueden obviar, pese a todo, algunos avances que ha traído también la Ley, además del propio reconocimiento -con restricciones- del derecho de asilo para las personas perseguidas por motivos de género. En 2009, la Ley de Asilo cita expresamente a los agentes no estatales entre los llamados “agentes de persecución o causantes de daños graves”. Este paso es muy relevante para quienes sufren persecución en el ámbito privado. La Ley prevé así mismo que en la entrevista de asilo se preste, cuando sea preciso, un “tratamiento diferenciado por razón del sexo”; y dice que se tendrán en cuenta las situaciones específicas de personas en situación de vulnerabilidad incluyendo, entre ellas, a “mujeres embarazadas y a personas que hayan padecido torturas, violaciones u otras formas graves de violencia psicológica o física o sexual y víctimas de trata de seres humanos”.

La Ley contempla además la posibilidad de que aquellas personas que han recibido un estatuto de protección puedan extender el mismo a los demás miembros de la familia y reconoce para ello al “cónyuge o a la persona ligada por análoga relación de afectividad y convivencia”. Lo que supone también un matiz fundamental para las personas LGTTBI que muchas veces están privadas en sus países de origen del derecho al matrimonio.

Pero la realidad de la aplicación práctica sigue siendo la denegación de la mayoría de las solicitudes de asilo por motivos de género. Entre otras muchas cuestiones graves en este sentido, se cuenta la denegación sistemática del derecho de asilo para las víctimas de trata para fines de explotación sexual; y la inadmisión y denegación de sus solicitudes de personas LGTTBI alegando el requisito de discreción.