Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE)

Muchas organizaciones sociales, instituciones y organismos internacionales han denunciado su opacidad y las condiciones de vida de las personas internas: malos tratos, celdas de aislamiento y violaciones de sus derechos fundamentales. Se ha comprobado, entre otras situaciones graves, la presencia de mujeres víctimas de trata y de otras formas de violencia, que en muchas ocasiones son expulsadas sin haber sido informadas de su derecho a solicitar asilo. Las muertes de Samba Martine en el CIE de Aluche y de Idrissa Diallo y Aramis Manukyan en el CIE de Zona Franca, aún no han sido esclarecidas.

Según denuncia el observatorio de las fronteras Migreurop, los campos ‘cerrados’, auténticos lugares de privación de libertad, sirven en general para identificar a las personas y examinar su situación de cara a su admisión en el territorio o a su expulsión. Pero otros lugares denominados ‘abiertos’, en su mayoría destinados al alojamiento provisional de solicitantes de asilo en zonas aisladas, siguen la misma lógica: bajo el pretexto de ‘acoger’ a las personas migrantes, permiten su control administrativo y social.

A estas formas oficiales de detención se añaden los lugares ‘invisibles’ de encierro, espacios informales en los que, con el pretexto de la urgencia, las autoridades detienen a personas fuera de la vista y al margen de todo marco legal (comisarías, estadios, parkings, prisiones, zonas (aero)portuarias, habitaciones de hotel, etc.). En definitiva, la segregación de personas extranjeras pasa por condenarlas a deambular y confinarlas en los límites fronterizos y en barrios en los que no tienen otra elección que permanecer y quedar sometidas a la precariedad.