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Según las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos, un porcentaje muy elevado de estas identificaciones se corresponden con las conocidas como ‘redadas racistas’, aquellas que se realizan en función de la apariencia física de la persona atendiendo a estereotipos de raza basados en el fenotipo y en la clase social. La justificación institucional es la detención de personas en situación administrativa irregular pero las cifras indican que el número de personas expulsadas por este motivo es insignificante en relación al número de personas identificadas.Estos dispositivos de control social, convertidos en una visión cotidiana en nuestras calles, forman parte del complejo entramado de la política de extranjería. Las personas expulsadas son, fundamentalmente, víctimas de una política ejemplarizante que ha sembrado el miedo entre la población inmigrante: el riesgo de que cualquier persona en situación irregular pueda ser detenida, internada en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) y expulsada. Se construye así un imaginario social caracterizado por la inseguridad y la existencia de enemigos internos a los que hay que combatir.Sin embargo, más que personas expulsadas, lo que ha generado este modelo es una amenaza constante: las personas inmigrantes son empujadas a aceptar cualquier condición laboral para lograr el permiso de residencia con el que regularizar su situación administrativa y a adoptar una condición social lo más invisible posible que les permita pasar desapercibidas.