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En el estado español las personas migrantes han sido y son víctimas de criminalización. Por un lado, sufren un señalamiento permanente que repercute en el imaginario social y ‘permite’ legitimar la restricción de derechos, el racismo institucional y la violencia que se ejercer hacia ellas, especialmente en las fronteras del Estado y los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).Por otro lado, las organizaciones y movimientos sociales de apoyo a las personas migrantes (formados tanto por personas inmigrantes como por personas autóctonas) sufren la criminalización de la protesta mediante medidas contra los colectivos más contestatarios y también mediante ordenanzas municipales y reformas legales que restringen la capacidad de maniobra de los mismos.