Unión Europea

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La Unión Europea se constituye con el Tratado de la Unión Europea de 1992 (en vigor en 1993), también conocido como Tratado de Maastricht.

Es un proyecto político cuya misión es crear una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa. Fundada en los valores del “respeto a la dignidad humana, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y los derechos humanos”; sus objetivos son “promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos; ofrecer a su ciudadanía un espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras; establecer un mercado interior en el que se garanticen las condiciones necesarias para un crecimiento económico equilibrado y la estabilidad de los precios; garantizar el desarrollo de una economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social, combatiendo la exclusión social, la discriminación y las desigualdades; proteger el medio ambiente y fomentar el desarrollo sostenible; garantizar la cohesión económica, social y territorial entre los Estados miembros; respetar la diversidad cultural y lingüística de los países y proteger el patrimonio cultural europeo; establecer una unión económica y monetaria cuya moneda es el euro; promover el respeto de sus valores para garantizar la paz, la seguridad, el desarrollo sostenible, el desarrollo de los pueblos y la protección de los derechos humanos, en sus relaciones con el resto del mundo”.

Es también una organización jurídica que cuenta con un marco institucional único, compuesto por el Consejo Europeo, el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la Comisión Europea. En su constitución, la toma de decisiones estaba basada en la estructura de los tres pilares establecidos por el Tratado de la Unión Europea (Tratado de Maastricht). Actualmente, el Tratado de Lisboa establece un procedimiento de derecho común denominado “procedimiento legislativo ordinario”; salvo en materia de política exterior y de seguridad común, que conserva su carácter intergubernamental, y en los ámbitos de cooperación policial y judicial en materia penal, que se siguen procedimientos particulares en los que los Estados miembros conservan poderes importantes, incluso aunque estén integrados en el régimen de derecho común.

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Bibliografía